La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz declaró procedente conceder medidas cautelares a una queja, presentada por la existencia de factores que se pueden considerar como violencia política en razón de género. Aunado a ello, se hizo un exhorto a todos los partidos políticos, candidaturas independientes y ciudadanía en general, para que se abstengan de realizar acciones que busquen limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres que se encuentran participando en el actual Proceso Electoral.
La medida aprobada se dio en respuesta a la denuncia interpuesta por una candidata, quien manifestó que ella y sus colaboradores habían recibido diversas llamadas intimidatorias, e inclusive, agresiones físicas destacando entre dichas acusaciones, la frase: “que la vieja se regrese a la cocina”.
El caso expuesto, es un claro ejemplo de la manera en que la violencia política en razón de género vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, pues reproduce estereotipos de género, además de limitar el acceso a cargos públicos de toma de decisiones. Con esta medida cautelar, la Comisión busca hacer efectivo el principio de la no violencia, establecido en el artículo 4 Bis del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que ordena el ejercicio de los derechos político-electorales en un ambiente libre de violencia.
El OPLE Veracruz, conocedor de que no es posible construir una democracia representativa si son vulnerados los derechos humanos fundamentales, tanto de la ciudadanía como de las y los actores políticos, extiende el presente exhorto que tiene como objetivo que exista un entorno de respeto entre quienes contienden por un cargo de elección popular en el Proceso Electoral en curso, así como promover la igualdad de condiciones y oportunidades, evitando en todo momento actos violentos.
La violencia política en razón de género también puede manifestarse de forma física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida y puede incurrir en responsabilidades penales, civiles, administrativas, electorales e internacionales.
Por último, se hace el llamado a las mujeres que estimen que están siendo o han sido objeto de violencia política de género, a dar aviso a las autoridades correspondientes para que sus casos sean tratados con la atención debida.
