- Ahora todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario, afirma.
Ante la inminente entrada en vigor de la reforma al Artículo 19 constitucional, la diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, afirmó que se trata de una aberración y un retroceso, ya que vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso a la justicia, es decir, quienes sean acusados de algún delito, serán encarcelados sin un debido proceso y sin derecho a fianza.
La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión recordó que en la sesión del pasado martes, los diputados de Morena hicieron uso de su mayoría calificada para recatalogar como graves nueve delitos más a una ley que ya estaba aprobada: el abuso sexual de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, uso de armas exclusivas del Ejército, robo de hidrocarburo, corrupción, y uso de programas sociales con fines electorales.
Dijo estar de acuerdo en que se deben de atender y combatir esos delitos, pero aumentar el catálogo de la Prisión Preventiva Oficiosa no resuelve el problema, y sí en cambio podría llenar las cárcelescon personas inocentes.
Es una mentira, aseveró Mariana Dunyaska, toda vez que esta reforma no ataca la inseguridad, y menos aún cuando en el presupuesto de este año, Morena redujo el presupuesto destinado a los programas de reclusión, readaptación social y sistema penitenciario.
García Rojas enumeró las programas e instituciones que se vieron afectadas con los recortes presupuestales, entre otros: el programas de Procuración de Justicia, reclusión y readaptación social, con 411 mdp; para la investigación del delito federal, 741 mdp; a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, 15.3 mdp; para la investigación de Delitos de Desaparición Forzada 7.3 mdp; para la investigación relativa a la Delincuencia Organizada, 210 mdp.
Asimismo, al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, 43 mdp; a las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos en materia de Secuestro, Tráfico de Menores, Personas y Órganos y Asalto y Robo de Vehículos,17 mdp; a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, la reducción fue en el orden de los 4 mdp.
A la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración Pública, 5 mdp; a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 7 mdp; a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 157 mdp y al Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, 51.3 mdp.
Mariana Dunyaska García Rojas aseveró que el proceso legislativo de esta reforma tuvo vicios procedimentales, entre otros, que el dictamen no contó con las observaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados para conocer su impacto presupuestal y viabilidad de operación.
En su discusión ante el Pleno, los legisladores de Morena subieron un dictamen que no atendió a las opiniones de los especialistas, incluidos de la ONU, quienes se pronunciaron en contra. De igual manera, violaron continuamente el proceso Legislativo durante la sesión, haciendo una interpretación a modo del reglamento de la cámara.
Esta reforma al artículo 19, aseveró, es una medida incongruente del gobierno, ya que por un lado brinda amnistía a la delincuencia organizada y por otra, viola los principios constitucionales, convencionales y de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos ya que trasgrede los derechos humanos.
“Ahora cualquier ciudadano podrá ser encarcelado sin pruebas y sin ningún expediente de investigación. Todos somos ahora culpables hasta que no se demuestre lo contrario”, añadió.
“Se ha demostrado que los delitos no disminuyen con una ampliación de penas”, lo ideal, concluyó, “es fortalecer el tejido social a través de programas que fomenten la prevención del delito, la mejora del sistema de impartición de justicia, y la aplicación correcta de recursos para el fortalecimiento y capacitación de las instituciones encargadas de impartir justicia”.
