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    Programa “inocente”, apoyado por la diputada Adriana Esther Martínez, busca liberar o reducir condenas de indígenas presos en 17 cárceles de Veracruz: Abogado Tomás Mundo Arriasa

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    Proyecto camina en tres ejes y el más importante es buscar liberación de aquellos indígenas que son inocentes, sin fabricar Pruebas ni inocentes.

    Papantla, Chicontepec y Poza Rica, donde más presos indígenas existen y se les ha violentado el debido proceso.

    En Veracruz, existen en el estado, 549 presos indígenas, tan sólo 117 en la zona de Papantla, que no hablan español y no tienen traductor para poder defenderse de las acusaciones en su contra, por ello desde el Congreso local se lleva a cabo el programa “Inocente”, que busca liberarlos o reducir sus condenas, expuso el abogado Tomás Mundo Arriasa, que lleva a nombre de la diputada Adriana Esther Martínez de Morena, este programa.

    Dijo que este proyecto camina en tres ejes y uno de ellos es buscar la liberación de aquellos indígenas que son inocentes, no fabricar Pruebas ni inocentes y con lo que hay de material probatorio y con base en eso, van a solicitar la liberación de aquellos casos donde sean inocentes.

    Explico que Papantla ocupa el primer lugar con 117 presos, seguido por Chicontepec y el tercer lugar lo ocupa Zongolica, y hay un 30 por ciento sujeto a un procedimiento penal y van a solicitar un cambio de medida cautelar para obtener su liberación.

    Indicó que a todos estos indígenas se les ha violentado el debido proceso a todos estos indígenas, al no haber suficientes traductores, dé estos 117 casos dijo ya tendrían 80 debidamente integrados ante el juez de control de Poza Rica, que es el que a revisar todos los Casos de común acuerdo con ellos.

    «Vamos a revisar el debido proceso, que el tema de la presunción de inocencia, la defensa técnica adecuada y el debido proceso, les sean respetados a todos los indígenas, si no lo hicieran así en ese momento vamos a mostrarlo públicamente y vamos a decirle a la sociedad, esta es y la pobreza se ha criminalizado en gobiernos anteriores».

    El otro eje es reformar el Código penal e incrementar las penas a esos falsos testigos, solicitar y analizar que sea creado el delito de la obstrucción de la justicia.

    Y el tercero que ya firmamos convenio con la universidad de Xalapa y Universidad del Golfo en Poza Rica, para que los estudiantes de octavo semestre revisen los casos van acompañarnos a las audiencias, van hacer como su servicio social.

    Señaló que hay 17 centros de reclusión en el Estado y la idea es firmar con universidad que estén cerca de cada uno de los centros penitenciarios, para poder darles oportunidad a estos jóvenes que nos ayuden a leer los expedientes y al mismo tiempo también aprender del sistema penal acusatorio ya en la práctica

    Por otra parte cuestionado sobre las denuncias que ha interpuesto el ORFIS, desde 2013 a la fecha contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz, por más de mil 300 millones de pesos y no se ve que procedan, Dijo que habría que ver cuál es la evolución que llevan y el tiempo de integración correspondiente y en un tiempo perentorio no hubieran avances, hay que revisra esa acción o inacción que se pudiera dar.

     

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